Nottingham Guardian - Una multitud protesta en Valencia contra la gestión de las inundaciones

Los manifestantes se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para recorrer el kilómetro que la separa del Palacio de la Generalitat, sede del Gobierno regional valenciano, exigiendo sobre todo la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón, pero sin ahorrar críticas también al Ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez.

Hubo también manifestaciones en otras ciudades de la región valenciana, como Alicante y Elche, y de España, como en Madrid.

Las principales acusaciones a los políticos son no haber avisado clara y contundentemente a la ciudadanía del poder de las lluvias que se avecinaban aquel martes fatídico, y de haber reaccionado tarde y mal en ayudar a la población afectada de casi 80 municipios.

- Indecencia, vergüenza, homicidio -

"La gestión de Mazón ha sido una indecencia y debería dimitir", explicó a AFP Julián García, un jubilado valenciano de 73 años.

"En las horas previas ha sido cuando deberían haber avisado para que la gente estuviese alerta, que no hubiesen ido los niños a la escuela, que no se hubiese ido en coches a trabajar. Y eso es todo lo que ha traído", añadió.

Las riadas dejaron en el este de España en total 220 muertos, 212 en la región de Valencia, que desde entonces es escenario de esfuerzos para limpiar el lodazal en que se convirtieron muchos pueblos, y hallar a las decenas de desaparecidos.

Ana de la Rosa, 30 años, archivera, de Valencia, estimó que "ha habido una mala gestión detrás, guerras políticas entre la Generalitat que tenía las competencias" para dar soluciones en primer lugar, "con el Gobierno central".

"Se han metido en guerrillas políticas cuando no era el momento porque a la ciudadanía no le hacía falta, la ciudadanía necesitaba ayuda y no necesitaba ese tipo de comportamiento", añadió De la Rosa, que fue más allá de las peticiones dimisión, considerando que las autoridades han cometido un "homicidio imprudente porque no se ha actuado como se tenía que actuar".

Trini Orduña, una valenciana de 50 años, repartió culpas por igual entre Valencia y Madrid, estimando que España tiene una clase política "vergonzosa" y calificando la gestión de la catástrofe de "horrorosa".

En las zonas devastadas por las inundaciones de la semana pasada en el sudeste de España, los damnificados siguen llenos de ira contra los líderes políticos, por la lentitud que perciben en la ayuda para volver a la normalidad.

- Un polémico almuerzo -

El malestar cristalizó el pasado domingo con el estallido de ira de los vecinos de la localidad valenciana de Paiporta contra los presidentes del Gobierno español, el de la región de Valencia y los reyes Felipe VI y Letizia, pero lejos de calmarse los ánimos, la indignación de la población con los políticos se mantiene viva.

En el caso de Mazón, se le reprocha además haber estado desaparecido durante varias horas críticas el día del desastre a partir del mediodía, cuando ya empezaba a llover y el comité de emergencia le esperaba.

A la repetida demanda de explicaciones sobre su ausencia, admitió finalmente que había estado almorzando con una periodista para ofrecerle la dirección de la televisión regional.

Pese a que existe la posibilidad de avisar por el celular a toda la población de que se ponga a resguardo, no se hizo, y la máxima responsable de emergencias de la región, Salomé Pradas, admitió el jueves que ignoraba que existiese esa posibilidad, aunque luego se desdijo.

Cuando los teléfonos de los valencianos empezaron a emitir el pitido estridente de la alarma, muchos de ellos tenían ya el agua al cuello.

Las competencias en la gestión de catástrofes corresponden en España a las administraciones regionales, pero el Gobierno central puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo.

Y de ahí provienen las acusaciones de inacción y "mala fe" formuladas por la oposición contra el Gobierno central del socialista, Pedro Sánchez, del que se sugiere que se sentó a ver cómo naufragaba el Ejecutivo valenciano en manos del PP por cálculos políticos.

Fuentes del Gobierno explicaron que no quieren rehuir responsabilidades, y que están interesados en que se esclarezca si la tragedia se podría haber evitado, o quiénes son los responsables, pero aseguran haber hecho todo lo posible dentro del actual marco de competencias.

G.Lomasney--NG